Resumen

Desde una perspectiva libertaria se analiza críticamente la propuesta del Estado de Justicia formulada por Adela Cortina en el marco del liberalismo social. Dicho enfoque pretende armonizar principios del liberalismo clásico, como la libertad negativa y Estado de derecho, con exigencias de justicia distributiva inspiradas en Rawls y Sen, evitando el paternalismo del Estado de bienestar mediante una ética cívica de mínimos y el fomento de la solidaridad cívica. Sin embargo, la configuración resultante mantiene un alto grado de intervencionismo estatal. A partir de los argumentos de Hayek, Nozick, de Jasay y Huerta de Soto, se cuestionan la legitimidad moral y la eficacia práctica de un Estado encargado de redistribuir recursos y garantizar oportunidades materiales. Se sostiene que una solidaridad impuesta por medios legales socava la agencia moral individual, que las políticas redistributivas tienden a debilitar la responsabilidad personal y que la expansión del poder público, incluso bajo motivaciones éticas, favorece la burocratización, la corrupción y la erosión de la libertad. Asimismo, se examina críticamente la apertura hacia una autoridad global orientada a asegurar la justicia, destacando sus implicancias para el principio de subsidiariedad, la diversidad cultural y la rendición democrática de cuentas. En contraposición, se defiende que una sociedad libre y justa debe surgir de la cooperación voluntaria y descentralizada, en el marco de un respeto irrestricto a los derechos individuales.